Las autoridades deben de respetar las leyes y los derechos humanos establecidos en la Constitución Política,  y por lo tanto los se deben proteger.

Como mexicanos estamos obligados a conocer nuestras Garantías Individuales, exigir el derecho de ejercicio y fomentar su conservación. 

Las Garantías Constitucionales son:

UNILATERALES. Están bajo el cargo del poder público, por medio de los órganos y dependencias de carácter gubernativo.

Esto se debe a que el poder público se debe encargar de que se cumplan con los derechos de los ciudadanos, sin que estos tengan que hacer algo para que la autoridad respete sus derechos.

IRRENUNCIABLES. Los gobernados no pueden renunciar a sus derechos plasmados en la Constitución.

PERMANENTES. Esto significa que no son irrenunciables o destruíbles, ya sea por alguna legislación anticontitucional o una autoridad que no lo respete. 

GENERALES. Ya que protegen a todo Ser Humano, sin mostrar distinciones en su aplicación.

SUPREMAS. Debido a que están establecidas en nuestra Constitución, la cual es la Ley Suprema y por lo tanto las transforma en leyes supremas.

INMUTABLES. Tal como las presenta nuestra Carta Magna es como las deben de acatar, sin mostrar alteraciones en estas, no cambian en el tiempo para limitarse, sino que crecen con forme al tiempo.

Se clasifican en cuatro grupos, las personales, sociales, económicas y seguridad jurídica.

Personales: Nos hablan de los derechos a la vida, libertad corporal, educación, igualdad, libertad de expresión, inviolabilidad al domicilio, derecho de petición, propiedad, etc.

Sociales: abarcan la igualdad social y ante la ley, libertad de reunión, enseñanza, comercio e industria, persecución de delitos por el Ministerio Público, etc.

Económicas: son referentes a la libertad de trabajo, de profesión, de comercio, propiedad, prohibición de monopolios, etc.

Seguridad jurídica: la cual va a proteger la dignidad humana, la seguridad de que al acudir a la autoridad esta va a actuar conforme a la ley, en la cual se va a respetar el derecho al debido proceso, juicio formal, todo acto de autoridad debe ser fundado y motivado, prisión preventiva solo por delito que implique pena corporal, etc.